Ponente: Lic. Liliana Aquino. Tercera Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
Formo parte de la Tercera Visitaduría, en la CDHDF estamos divididos en dos áreas diferentes, una que se ocupa de asuntos de seguridad pública y la otra área es donde nos encargamos, principalmente, de las dependencias administrativas, como las delegaciones y en este caso el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, quejas de vivienda. El objetivo de esta exposición es complementario, ya que la Tercera Visitaduria y la Comisión van a publicar un informe de seguridad humana y principalmente es de manera complementaria a esta etapa del Diagnóstico que se hizo, vamos a trabajar ciertos derechos económicos y sociales, temas como vivienda, uso de espacios públicos, comerciantes, agua potable y estructura urbana.
Muchos de los casos que nos llegan son relacionados con las problemáticas, a través del Instituto de Vivienda y organizaciones sociales, pero esto no lo tomemos como alusiones personales.
En atención a todos los expedientes de quejas se califica por la presencia del derecho violado y se busca la deficiencia de la autoridad, y se califica, van desde derechos de petición o relación contractual con el INVI o sobre no me informan que pasó con mi crédito.
En el fondo se habla de un derecho colectivo, lo que significa que cuando nosotros entrevistamos a las personas, encontramos historias colectivas e individuales. Mencionaremos algunos riesgos de la problemática de vivienda, a través de la seguridad humana. Vamos hablar del déficit, por ejemplo, en una entrevista que tuvimos con el director del Instituto, mencionó que para el año se necesitaban construir 35 mil viviendas y 45 mil mejoramientos de vivienda, sin embargo, el Instituto tiene presupuesto solo para 3 mil viviendas para construcción, es decir 33 mil quedan fuera.
Otro problema es la falta de acceso a la vivienda, es porque la vivienda se ve como un bien de especulación. A que nos referimos, a que la gente denuncia a ciertas organizaciones sociales porque se les requiere para marchas y cuotas, que en el fondo, la gente lo percibe como un método de especulación. Lo que pasa con nosotros es que no tenemos competencia para sancionar a las organizaciones, sin embargo, le pedimos al INVI que investigue.
Encontramos también, limitaciones por figuras jurídicas, ya que las reglas dicen que una persona tiene derecho a la vivienda porque es jefe de familia, por ejemplo, las personas que no tienen familia pero tienen a su cargo a un pariente y no puede acceder porque no cumple con el requisito o las personas que están en sociedad de convivencia.
La otra es la irregularidad de la tenencia de la vivienda, es decir, la seguridad jurídica que deben de tener las familias de esa propiedad con la que cuentan. Principalmente los casos son predios que fueron edificados por FIVIDESU y FICAPRO, donde ya terminaron de pagar los créditos y no se pueden escriturar, ya que no se determina el proceso de compra de ese predio y de la entrega a los nuevos titulares, por lo que hay irregularidades porque nunca se hicieron los cambios administrativos.
Otra es que las viviendas no están edificadas donde señalan exactamente las escrituras por lo que las familias no pueden hacer uso jurídico de este bien.
Actualmente encontramos cuando se hace la apertura del fideicomiso y nunca se va al registro público de la propiedad para darlo de alta, y dentro de 15 años la familia va a tener problemas jurídicos.
La baja calidad de las viviendas, tiene que ver por las formas en que se edifican las viviendas, son cada vez más pequeñas, limitando el espacio físico.
Los nuevos asentamientos en zonas ecológicas o de alto riesgo, tienen otros problemas, como la seguridad física de las personas y el acceso a servicios, ya que es muy difícil que estas viviendas sean regularizadas.
Existe invasión de nuevas viviendas edificadas por el INVI, lo que representa un problema para las familias, ya que es muy lento el Instituto para los trámites, por ejemplo, para comprobar el despojo donde las personas tienen que hacer los trámites, finalmente cuando lo hacen, el INVI no acude a los tribunales o ministerios por lo que escasamente inicia casos reivindicatorios por vivienda.
La Ley (sic) del INVI lo contempla y desde la Comisión se le pide que intervenga.
Este hecho representa una disyuntiva entre la necesidad del que invade y las personas que hicieron todos los trámites frente al INVI, por lo que hay que buscar alternativas para no perjudicar a las personas, como por ejemplo, poder regular la vivienda, las responsabilidades de las organizaciones sociales contempladas en las reglas de operación, que la asignación de créditos se realice en condiciones iguales entre solicitantes de organizaciones e individuales, que se entreguen viviendas a nuevas formas de familias, y las familias que aún viven en campamentos se les asigne viviendas, y las personas que tienen decretos expropiatorios detenidos que se agilicen para poder edificar sus viviendas.
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