"La Situación del Derecho a una Vivienda Adecuada: Una Mirada desde el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal"

El Lic. Víctor Ramírez Navarro comentó que con la reforma constitucional de 1983 la vivienda ya no se ve solo como un problema de seguridad o de salubridad, ni como solo parte del salario de los trabajadores, ni un bien de mercado La vivienda se ve como un bien social y le toca a la sociedad, pero también al gobierno, desplegar todo su ejercicio de apoyo de insumos.
La formulación constitucional (el cuarto constitucional) tiene alcances y limites:
1. No existe el reconocimiento universal del individuo, sino la familia es el sujeto del derecho. En cuanto a la vivienda como derecho social, no se reconoce el papel del ejercicio colectivo, los créditos no son a organizaciones son a nivel individual.
2 .Es una norma programática, no es una norma perfecta, ya que una norma perfecta es aquella que tiene una hipótesis y una sanción, por lo tanto el derecho a la vivienda no se puede reclamar en un tribunal por ser una norma programática.
3 .No hay un reconocimiento de que las unidades habitacionales son una responsabilidad compartida por sociedad y gobierno.
4. Existe una gran diferencia entre las leyes locales y la federal, pero lo más grave es que existen estados donde no hay ley, como los estados del norte y del sur, les tiene sin cuidado no tener gasto público destinado para vivienda, ya que cada quien responde bajo su interés personal, por lo que una misma ley tiene respuestas heterogéneas.
5. La formulación misma del art. 4º, al declarar este derecho social: esta implícito que es la sociedad civil la que tiene la responsabilidad en últimos términos de cubrir ese derecho, mientras que al estado y a las instituciones solo les corresponde poner instrumentos de apoyo y va a depender del gobernante, otra vez, establecer bajo su criterio cuales son esos instrumentos.
Esto es muy grave ya que no deja ver que la responsabilidad de la vivienda corresponde tanto a la sociedad civil como al estado y de modo progresivo.
La solución habitacional no es de magia sino que es una condición de progresividad.
Por todo lo anterior, todos tenemos que exigir que se revise nuestro 4 constitucional y que se adecue a las nuevas condiciones del país y sobre todo, alinearlo a los instrumentos internacionales de derechos humanos.
En cuanto a las responsabilidades de las instituciones, bajo el argumento de la descentralización y la autonomía de los municipios, que no es cierto, se abandona un proceso de decisión central y repercute en la ejecución local.
Se debe revisar el artículo 115 para ligarlo a responsabilidades públicas en muchas materias, pero en particular, una la vivienda.
A nivel federal no hay coherencia ya que todas las dependencias jalan por su lado, por ejemplo tenemos el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y el Plan  Nacional de Vivienda y no existe uno que se llame Plan Nacional de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y de la Vivienda.
Existe una interdependencia entre la calidad de vida y la ubicación de la vivienda, es decir, ¿de qué sirve tener una vivienda, si está a dos horas de mi trabajo? o ¿hablar de una vivienda verde, si vivo en desarrollos grises, igual que a ciudades con baja calidad de vida?
Lo que nos lleva a la reflexión de que no se están integrando las políticas, por ejemplo, en las dimensiones de la vivienda no está el problema, sino en que la dimensión tiene que estar relacionada con los servicios y el equipamiento.
En cuanto a la visión de la vivienda como mercancía hay que señalar que el estado ya no produce vivienda y que además, solo se hacen viviendas terminadas y no por procesos progresivos.
El derecho a la vivienda debe articularse con el derecho a la ciudad y a un medio ambiente sano y desde luego, con el derecho a la seguridad y el bienestar que todo ser humano tenemos.

El Mtro. Pablo Yanes refirió que desde el Consejo de Evaluación el propósito  es construir una metodología de evaluación de la política social, y la política de vivienda es clave, desde la perspectiva de de la realización progresiva y acumulada de los derechos. Comentó que el acento se debe poner en una discusión a fondo de la temática de los derechos humanos, él observa un riesgo de trivialización en el tema, reflejada en “la logofagía estatal de los conceptos”, quitándoles su carga semántica, su significación, la capacidad de reflexión crítica, en la multiplicación al infinito de iniciativas diversas de indicadores de derechos humanos, sin darle, además, un sentido a la “progresividad” para su cumplimiento, en la lógica minimalista que se está dando, reflexiona sobre la actual expresión base, es decir, las Metas del Milenio, las que son un umbral bajo, si se piensa por ejemplo en la meta de la pobreza o en la indicador de cumplimiento que elaboró la Comisión que es bajo, sin considerar que la línea es dinámica, permanente y cita el caso de la educación ¿alfabetizar, educación por 6 años, por 15?, es decir, “cuando se conquista un umbral hay que construir otro, el asunto no es llegar a la línea mínima y luego que el mercad haga lo demás”.
En DF no debiera medir sus umbrales con otros Estados de la República, ya que éstos son muy bajos, en ese sentido hay que garantizar el umbral mínimo, pero hay que aspirar al máximo posible, en materia de derechos no hay que estar satisfechos. En el DF, en materia de desarrollo social no se debe pensar en coberturas amplias, sino en coberturas intensivas, es decir en mayor calidad y mayor nivel de especialización, por ejemplo, en salud, está cubierta la especialización de hospitales pediátricos, pero hay mínimas instalaciones geriátricas y gerontológicas, los casos de Alzheimer en la Ciudad son mayores que los de VIH y sin embargo, no hay infraestructura para atenderlos.
Para el caso de la vivienda, ésta no debe ser solo digna y de vivienda cada vez más pertinente. Hoy el promedio de miembros por familia es de 4, lo cual tiene implicaciones grandes para la Ciudad. Por ejemplo, la población durmiente de la Ciudad ya está estabilizada, se suma el hecho de que hoy se tiene menos población, pero más familias, ya que crecen los residentes que viven solos, en esa línea las actuales viviendas no están adecuadas para los adultos mayores o discapacitados; en cuanto a los jóvenes, no hay una política expresa para ellos, por ejemplo, de renta accesible. El Mtro. señaló cómo la política de vivienda puede agravar la pobreza de tiempo de las familias, refiriéndose a la relevancia que cobra la ubicación y localización de la vivienda con respecto al lugar de trabajo. Asimismo las problemáticas sociales son graves y enormes: ¿qué pasa con niños y jóvenes de unidades habitacionales donde la dotación de infraestructura es nula? Y enfatizó que “gozar de un derecho a costa de otros, no es posible”.
La valoración del derecho pasa por la disponibilidad y la accesibilidad efectiva, concreta, no abstracta, de ahí que considerar la heterogeneidad social sea determinante. “La política de vivienda es prisionera de una visión fordista, en el sentido de la producción standarizada: se producen bienes y servicios uniformes para poblaciones diversas, lo que repercute en graves problemas, por lo tanto es necesario incluir el enfoque de la diversidad, en el caso de los indígenas, por ejemplo, los espacios comunitarios son fundamentales, es decir, la pertinencia cultural de la vivienda a quien la ocupa.
¿Cómo construir, entonces, un umbral? Con todas las anteriores consideraciones hay que elaborar un nuevo umbral, donde lo importante no sean las cifras, sino las partes cualitativas, además de incorporar la perspectiva de la justiciabilidad y exigibilidad, por ejemplo, las luchas en Francia o en  la Comunidad Autónoma de Andalucía se han estado dirigiendo hacia ese aspecto, es decir, no debiera ser solo la lógica administrativa en relación con el Estado.
Advierte que no hay que resolver el problema en términos del mercado, es decir, sabemos que las políticas de avanzada tienen que ver con la disputa entre mercantilización y desmercantilización, la cuestión entonces es, ¿cuál es el lugar de la vivienda, en un proceso de desmercantilización?: la vivienda se asume como un bien público, por ende el disfrute de este derecho no puede ser resuelto por el mercado.

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