"La Situación del Derecho a una Vivienda Adecuada: Una Mirada desde el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito Federal"

El Lic. Juan José Ochoa menciona que existen una serie de cosas previas a la coordinación para la elaboración del Diagnóstico sobre todo de la sociedad civil y de la CDHDF. A pesar de que existen otros diagnósticos, el esfuerzo particular de este se encuentra en la participación del GDF, asamblea de representantes, tribunal supremo de justicia y de la academia, donde el proceso llevo un año desde que el jefe de gobierno firmo la carta compromiso, en este proceso lo que se hace es  una visión  común, por eso aparecen en el diagnóstico los problemas que tenemos.
Puntualiza que si bien es cierto que existe un avance en la información sobre algunos derechos con las instituciones falta mucho por la actualización de cifras, lo que se refleja en el documento final.
Para la realización del Diagnóstico se diseñó una metodología que permitiera encontrar y seleccionar  una serie de derechos importantes para la ciudad, se encontró  tres grandes grupos de derechos agrupados en núcleos problematizadores, como el de la seguridad humana, donde esta el derecho al medio ambiente, a la vivienda, democracia y convivencia social, derechos políticos y no discriminación y finalmente seguridad publica.
Precisa que existe una población que no cuentan con el disfrute al acceso de sus derechos como mujeres, niños en situación de calle, adultos mayores, indígenas.
Los derechos se revisaron según el nivel del cumplimiento, por parte del estado y las políticas publicas, centrándose en las recomendaciones del análisis  del diagnóstico.
Se hizo un análisis del marco jurídico del distrito federal que como se sabe es muy especifico.
Con el tribunal se hicieron  grupos de enfoque para tratar el tema de los derechos.
Se llego al acuerdo de que cada derecho se revisara por la instancia del gobierno que le compete.
El resultado es que tenemos el diagnóstico más amplio que se ha hecho en la Ciudad de México que nos obliga a hacer políticas públicas y un programa de derechos humanos, pero en el caso del gobierno nos obliga a proponer un programa que se aterrizo en un Taller en FLACSO, con 37 dependencias  del GDF, enmarcando e identificando la responsabilidad de cada quien.
Tenemos que rehacer el presupuesto para en vez de tener un presupuesto orientado  en responsabilidades  normativas  o legales, orientarlo en materia de derechos humanos, e introducir un sistema de indicadores y principios de cumplimiento más eficaz , se hará el ejercicio el próximo año y también el presupuesto de género que ya se esta haciendo.
Se seguirá profundizando la manera de hacer el presupuesto, porque en este año todas las áreas de gobierno tendrán que introducir actividades a priorizar para ir armando la base de lo que después será el programa de derechos humanos para la ciudad.
En primer lugar en el sistema de aguas del 2010 en adelante, para después ir incorporando paulatinamente todas las áreas.
Esto es lo que hará el gobierno en materia de derechos humanos como es su responsabilidad

El Lic. Revah, Director del INVI, comenzó recordando que en los 10 años de reformulación del INVI el enfoque ha sido atender a los que menos tienen llegando a otorgar en ese periodo 200 mil créditos de vivienda, 150 para mejoramientos y 50 mil para vivienda terminada, lo cual no cualquier Instituto en el país ha hecho, baste con comparar los montos presupuestarios por Estado (en Aguascalientes, por ejemplo se destinan 200 millones de pesos). La población a la que atiende tiene ingresos por debajo de los 8 salarios mínimos, y un 80% de la población total en el DF está en estas condiciones, mientras que entre el 15 y 20% de la misma gana de 13 a 14 salarios mínimos. Si la vivienda es un bien caro que se exacerba con el alza de los materiales, y asumiendo que la vivienda es un derecho social, no una mercancía, ¿cómo hacemos para no ser injustos?
Por otro lado, los resultados en vivienda no son una visión aislada del INVI, del gobierno, ya que desde 1985 se construye retomando, primero, la idea de la CONAMUP, la cual privilegiaba los espacios verdes, contra la visión de las colonias y los barrios autónomos de grupos políticos, para quienes la consigna era “la ciudad tiene que reconstruirse dentro de sus mismos límites”; con el posterior nacimiento del MUP y sus propuesta reflejadas en el programa Fase II y Tlatelolco, a lo que siguieron los programas gubernamentales FIVIDESU Y FICAPRO con la gestión del MUP, logrando políticas crediticias que aumentaron el presupuesto al rubro vivienda.
Hoy se dice que el presupuesto público privilegiará agua y salud, en 2010 el rubro que requerirá mayor presupuesto será la vivienda considerando el comportamiento poblacional, donde para 2030 serán 70 mil jóvenes quienes demandarán un millón 400 mil viviendas. Así en los próximos 20 años se tendrá que hacer siete veces lo que se hizo de 85 a la fecha.
Hoy otro elemento es que se deben hacer viviendas pensando en el ambiente y eso cuesta más, además de la disminución de la densidad habitacional por el respeto al diseño bioclimático; entonces el nivel de ingresos puede ser un factor para calificar quién tiene derecho o no a una vivienda. Con el costo actual de construcción por metro cuadrado a $4,200.00 pesos, no hay recurso que alcance, los esquemas de mercado son reales.
El ponente anotó que otra de las variables es el espacio finito y hoy ya se llegó a los límites: ¿hacia dónde crecemos si al norte tenemos la Sierra de Guadalupe, al este la Sierra de Santa Catarina, al sur el Ajusco y el Cerro de las 3 Cruces?, el tema es, entonces, el suelo y su alto valor. Pero, la solución se quiere encontrar en el DF y da un dato: “en 6 años el DF perdió todo un distrito electoral en términos de inmigrantes al Estado de México, por lo que se busca que los jóvenes encuentren soluciones aquí”.
Hablando de las necesidades, cada año son necesarios 45 mil mejoramientos y 3 mil 500 viviendas nuevas en conjunto, lo que significará un POA de un mil millones para los primeros y más un mil para las segundas. De aquí que las estrategias planteadas por el INVI hayan sido fuentes abiertas: convenios con INFONAVIT Y FOVISSSTE con figuras de cofinanciamiento para que deriven más recursos y se superen las relaciones injustas; asimismo la CDI participa con un recurso adicional para la población indígena y hay convenios con CONAVI canalizando el INVI el recurso en forma de subsidios: en el caso de las empresa privadas, fijando un precio para la vivienda de 350 mil pesos, más un subsidio de 52 mil; y a todos los financiamientos de mejoramiento de vivienda se les aplica el subsidio. Las metas son pasar de 17 mil mejoramientos que actualmente se hacen a 27 mil y hasta 5 mil viviendas nuevas, es decir incrementar un mil 500 más.
El tema polémico, comentó, es abrir la puerta a los privados, sin embargo, tienen previsto no dejar que las tasas de interés saquen del crédito a las familias con ingresos de 4, 5 y hasta 8 salarios mínimos, y lo están logrando, y bien, a través de los fideicomisos, los créditos son individuales, pero ante el banco es la organización social la que queda. Por otra parte el tema ambiental se desarrollará con un subsidio de 25 mil pesos destinado para cada modalidad de vivienda.
Un universo más es la atención a 3 zonas vulnerables: con riesgo hidrométrico en el poniente, ahí, las familias de Plaza Hornos y “la costalera” fueron reubicadas en el proyecto de Eduardo Molina; con riesgo geológico en el oriente, Iztapalapa y en la Gustavo A. Madero, vecindades de alto riesgo expropiadas. El ponente dejó pendiente el tema de la recuperación de los créditos y la cobranza social, pero advirtió que “el objetivo es darle una perspectiva al INVI de largo plazo, para que no dependa de los temas políticos, ya que el derecho a la vivienda no puede depender de voluntades políticas.

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