Durante la mesa redonda académicos de la UAM Azcapotzalco, fueron enfáticos al señalar al menos 10 puntos para insistir en el Diagnóstico: 1) sobresale la ausencia del cómo se produce la vivienda, solo se ve el problema desde cómo se accede; no es suficiente conocer el déficit de acceso, las políticas deben atender los efectos, no la causa; 2) falta la información sobre políticas públicas (y sus efectos sobre la población), parece que no las hubiera y nada hay sobre los cambios a raíz de lo neoliberal y sus efectos sobre la Ley del IMSS y del ISSSTE, así como los excluidos que está produciendo; falta la visión metropolitana, hoy en día no tiene sentido hablar de derechos sin considerarla, habría que dejar claro lo que es tratable a nivel DF y aquello que no lo es; 4) falta la valorización de la Ley de Vivienda local y cómo es que se aplica; 5) el derecho a la vivienda no significa tener una vivienda en propiedad, no está considerada la vivienda en renta como alternativa, de ahí también que abordar la vivienda para el sector de los jóvenes falte; 6) se lamenta que no se haya tomado en cuenta la investigación hecha por las Universidades al respecto, aunque es necesario admitir que las mismas han descuidado el vínculo con los movimientos sociales: “la universidad se debe a la sociedad, no a los gobiernos”; 7) es penoso que haya 50 mil solicitudes en espera en el INVI ¿quién tiene derecho a una vivienda en el INVI, ante la escasez de recursos?, éste dilema el GDF lo ha evadido; 8) la característica “lugar” de la vivienda adecuada no se refiere sólo a la cercanía con otras funciones, sino a la calidad del entorno, recordando la consigna de los habitantes después de los sismos del 85 “de aquí no nos vamos a mover”, hoy, los gastos de la vivienda compiten con los de alimentación y salud, pero los destinados al transporte, también son muy altos: el problema central no es el lugar, sino el costo del suelo, que con el mercado inmobiliario es especulativo ¿Qué derecho hay en relación con el suelo? ¿Se puede hablar de desalojo?; 9) hay un sesgo inconciente en la actual política, donde el enfoque generalizado es el ser propietarios y de un tipo de vivienda: la terminada, el cómo resuelve la gente su problema, es decir, con progresividad, no aparece, no se menciona el que ahora ya no hay financiamiento. Quedan las preguntas ¿no se debería tener derecho a controlar la producción, a evitar que algunos lucren con la vivienda? ¿la transparencia no debería estar vinculada con la presencia de la sociedad en los consejos administrativos, por ejemplo, del Infonavit?.
Además, pasados 15 años de las primeras participaciones de las organizaciones civiles en la elaboración de diagnósticos sobre el derecho a la vivienda, no hay nada nuevo, falta saber sobre quién produce las políticas y la gestión que se hace de ellas. Ayudaría, contextualizar ante la tendencia federal clara de la vivienda igual a mercancía, con los actores banca e inmobiliarios y su sobreoferta, hasta hoy no vendida, así como la necesidad de emitirles subsidios públicos para que las coloquen en el mercado (situación que los presentes mencionaron, estarse repitiendo en el INVI, con impacto sobre el presupuesto). Desde la participación del sector público en el Diagnóstico no hay una evaluación seria de las políticas: por ejemplo, el suelo (su costo, su situación legal y ubicación desfavorable en vecindarios opositores a la construcción habitacional) como uno de los principales problemas para implementar las políticas; o bien las partes que corresponden al suelo de conservación y al suelo en áreas de alto riesgo, son aspectos importantes y que requieren cuidado especial para su abordaje, lo que no se hizo en el presente Diagnóstico.
Otro de los temas, complejo y determinante, que obstaculiza la plena realización del éste derecho, es la gestión; sobre todo, aquella realizada por las organizaciones sociales en el marco de la producción social de vivienda, reconocida por la Ley, donde se dan casos de lucro, pervirtiendo los procesos, por lo que se propone la necesidad de su transparencia.
Aún así los participantes al seminario consideraron importante retomar los aspectos positivos del Diagnóstico. En cuanto a las situaciones faltantes e inaplazables, el Dr. Coulomb propuso incluirlas a partir del desarrollo de las estrategias (las cuales deberán tender a corregir, pero en términos de derechos, no de política social), lo cual sería relativamente fácil, de tal modo que sean consideradas en el Programa de DH del DF, aún sin estar presentes en el testo del diagnóstico. Asimismo sería importante incluir el análisis de las cuestiones estructurales, que a diferencia del Diagnóstico Federal (2004), faltan en éste.
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